Gestión de Residuos y "Plan Vale"

Uruguay lleva más de dos décadas intentando construir un sistema eficaz de gestión de
residuos de envases. La Ley N.o 17.849 fue el primer gran intento, pero los resultados
nunca acompañaron las metas: los niveles de reciclaje se mantuvieron muy bajos, el
circuito informal siguió dominando y la fiscalización fue escasa. Años después, la Ley No
19.829 amplió las obligaciones, exigiendo a todas las empresas la elaboración de planes propios de gestión de residuos. Tampoco eso alcanzó.

Frente a ese diagnóstico, el Ministerio de Ambiente impulsó un mecanismo colectivo, con financiamiento centralizado y metas concretas. Ese mecanismo es el Fideicomiso Plan de Valorización de Envases, o simplemente, Plan Vale.

¿Quiénes están obligados?

La normativa vigente alcanza a toda empresa —nacional o extranjera— que envase o
importe productos envasados con destino al mercado uruguayo. No se trata de una
obligación sectorial ni acotada a grandes volúmenes: el criterio es la actividad.

¿Qué se propone lograr el Plan Vale?

La meta es pasar de las aproximadamente 6.000 toneladas anuales que hoy se reciclan,
a 35.000 toneladas por año. Para eso, el Plan trabaja sobre dos frentes: a) Un sistema
de depósito y reembolso que busca generar incentivos concretos para que el consumidor devuelva los envases de un solo uso. b) Un nuevo sistema de recuperación selectiva — papel, plástico, vidrio, film, entre otros— que se aspira expandir.

Alcanzar esos objetivos requiere inversiones del orden de los USD 50 millones. De ahí
la decisión de estructurar el mecanismo como fideicomiso: para canalizar los aportes de
las empresas y acceder a financiamiento de manera ordenada.

La estructura jurídica: un fideicomiso con partes bien definidas

El Plan Vale adopta la forma de un fideicomiso de administración, en el que intervienen
dos actores principales. La Cámara de Industrias del Uruguay actúa como fideicomitente
y beneficiaria: es quien impulsa el plan, transfiere los activos al fideicomiso y recibe los
beneficios de su gestión. AFISA —una administradora de fondos de inversión— opera como fiduciaria, es decir, administra el patrimonio fideicomitido con independencia y
conforme a las instrucciones del contrato (El Decreto N.° 190/2025 otorgó al Fideicomiso una serie de exoneraciones).

Un aspecto relevante desde el punto de vista jurídico es que las empresas que se
incorporen al Plan Vale no serán, en sentido estricto, partes del contrato de fideicomiso.
Su vínculo con el sistema se canaliza a través de una Carta de Adhesión, lo que las
coloca en una posición de adherentes. Esto tiene consecuencias prácticas importantes:
las empresas quedan obligadas por los términos del fideicomiso y por las condiciones
que el propio Plan establezca, sin haber negociado directamente el contrato marco ni
contar con los mismos derechos que tendrían como partes plenas. Es una distinción que
vale tener clara al momento de evaluar el alcance de los compromisos que se asumen.

Las obligaciones que implica adherirse

La incorporación al Plan Vale se formaliza con la firma de la Carta de Adhesión:

• Duración. El compromiso es por 15 años contados desde la aceptación de la adhesión por parte del Fideicomiso. No es un contrato de corto plazo ni renovable anualmente: quien ingresa, ingresa por el largo aliento.
• Cuota trimestral. El aporte se calcula en función de los kilogramos de envases que cada empresa vuelca al mercado, según lo informado en una Declaración Jurada presentada ante el Ministerio de Ambiente. A los efectos de cotejar la realidad de los datos allí expuestos, el Plan Vale trabajará en conjunto con la DGI. Existe un mínimo de facturación trimestral que el Plan fija cada año.
• Salida onerosa. Quien abandone el Plan antes del vencimiento deberá abonar su parte proporcional del saldo de financiamiento pendiente —con intereses— más un monto equivalente a su participación en lo facturado por el Plan en el último año.
• Ajuste de cuota por baja de adhesión. Si el total de kilos declarados por las empresas cae más de un 5% respecto a los valores de referencia, la cuota se recalcula.

El punto crítico: la cláusula de solidaridad

De todas las obligaciones que asumen las empresas adherentes, la que merece mayor
atención es el régimen de solidaridad en el financiamiento. El mecanismo funciona así:
la cuota de cada empresa se calcula sobre el total de envases declarados por todas las
adheridas al sistema, sin excluir a quienes eventualmente dejen de pagar. Si una
empresa cae en situación de morosidad o abandona el Plan, las demás deben cubrir esa diferencia mediante una cuota adicional, distribuida proporcionalmente según los kilos declarados por cada una.

Las autoridades del Plan Vale han informado que trabajan en establecer un tope al monto de la cuota, lo que daría a las empresas mayor certeza sobre su exposición máxima.

Alternativas y perspectivas

Pocas empresas cuentan con una alternativa genuina al Plan Vale. Diseñar un plan
propio de alcance nacional —que cubra todo el territorio y satisfaga las exigencias
reglamentarias— sería complejo y costoso. A eso se suma que el Ministerio de Ambiente. ha dado señales claras de que no tiene previsto aprobar planes alternativos. El margen de negociación individual es, en la práctica, muy reducido.

Asumido que la adhesión es el camino más viable, la clave pasará por el contralor. Esto
es: los mecanismos efectivos de control sobre las declaraciones juradas de las empresas (aspecto en que la información brindada por DGI jugará un rol fundamental), la gestión de la morosidad por parte del fiduciario, la transparencia en la rendición de cuentas del Fideicomiso y la capacidad real de las empresas adherentes de monitorear el funcionamiento del sistema. Una adhesión sin seguimiento activo es una adhesión a
ciegas, y en un contrato de 15 años eso tiene consecuencias.

Plazo

El Ministerio de Ambiente fijó un plazo que vence a fines de abril de 2026 para que el
Plan Vale presente el listado de empresas adheridas. Varias de las principales
compañías del país que, a su vez, integran el directorio del Plan Vale ya formalizaron su
incorporación. Las empresas que aún no lo hayan hecho se encuentran, en la práctica,
bajo presión creciente para definir su posición.