Rendición de Cuentas 2025: principales novedades para las empresas | Pérez del Castillo & Asociados - Abogados, Escribanos y Contadores

Rendición de Cuentas 2025: principales novedades para las empresas

Cambios en materia corporativa, contenciosa, notarial y de real estate.

La Ley N° 20.531 de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2025) fue promulgada el 1° de octubre y publicada el 16 de octubre de 2026, y rige en general desde el 1° de enero de 2027 (art. 2).  En sus más de 300 artículos se encuentran dispersos cambios que inciden en los procesos judiciales, en la actividad notarial e inmobiliaria y en la operativa diaria de las empresas. Analizamos los más relevantes. 

CORPORATIVO

Sistema financiero y mercado de valores

Los repos y sus garantías pasan a tener el mismo tratamiento que los derivados frente a la Ley de Concursos y al régimen de resolución bancaria: podrán ejecutarse y compensarse según lo pactado, aunque la contraparte esté en concurso o en proceso de resolución bancaria (art. 308). Es la disposición de mayor alcance en la materia y da certeza a una herramienta habitual de liquidez. El BCU queda facultado a regular la interconexión entre bolsas de valores, con acceso recíproco para los participantes autorizados (art. 307). El aporte mínimo de bancos y cooperativas al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios se reducirá en forma escalonada a medida que el Fondo se acerque a su máximo (art. 309), y la contratación directa por el Estado con instituciones financieras, hasta ahora limitada a derivados con fines de cobertura, se amplía a las operaciones de cambio spot y a la gestión de liquidez (art. 19).

Proveedores del Estado

Se elimina la invitación directa a un mínimo de firmas en concursos de precios y licitaciones abreviadas: la convocatoria dependerá solo de la publicación (art. 14). Las licitaciones públicas ya no deben publicarse en el Diario Oficial (basta el sitio de Compras Estatales), con una antelación mínima unificada de veinte días (art. 16). En las compras de innovación podrá declararse confidencial la información protegida por propiedad intelectual o secreto comercial, aun si es necesaria para evaluar la oferta (art. 18).

Consumo y comercio electrónico

El plazo de arrepentimiento en ventas fuera del local comercial pasa de cinco días hábiles a diez días corridos, y quien venda por medios electrónicos deberá incluir un “Botón de arrepentimiento” visible desde el primer acceso; además, la cancelación de pagos diferidos con tarjeta de crédito pasa a gestionarla el proveedor ante la emisora (art. 108). La Unidad Defensa del Consumidor podrá publicar sanciones firmes y listados de infractores y morosos (art. 109), multar con hasta 50 UR la incomparecencia injustificada a audiencias y requerir información comercial en formato electrónico (art. 117). Proveedores de vehículos y aseguradoras asumen deberes de comunicación ante alertas o “recall” (art. 110).

Además, las empresas deberán admitir la nueva cédula de identidad digital, accesoria a la física, en sus procesos de identificación de clientes (art. 74).

Regulación sectorial

En servicios audiovisuales, la prohibición de negociar el espectro y los canales en forma independiente de la licencia pasa a ser absoluta, sin posibilidad de autorización del Poder Ejecutivo (arts. 149 y 150); la consulta a la URSEC sobre límites a la titularidad deja de ser vinculante (art. 151); en la autorización de negocios jurídicos sobre estos servicios, el plazo del informe de la URSEC pasa de 60 a 90 días corridos y el del pronunciamiento del Poder Ejecutivo, de 90 a 180 días (art. 152); y se abre por única vez un plazo de 365 días desde la vigencia de la ley para regularizar transferencias realizadas sin autorización, sin perjuicio de las multas (art. 156). Quienes operen puntos de carga de vehículos eléctricos de acceso público deberán inscribirse en el nuevo Registro Nacional de Puntos de Carga de Vehículos Eléctricos (art. 147). Los laboratorios farmacéuticos y las empresas fabricantes y distribuidoras de productos y dispositivos sanitarios deberán informar anualmente al MSP las transferencias de valor a profesionales e instituciones de salud (art. 213). Las sanciones del artículo 15 de la Ley N° 17.283 se extienden a toda infracción a normas en materias de competencia del Ministerio de Ambiente (art. 248).

Marcas y propiedad intelectual

Se crea la mediación ante la DNPI, voluntaria para controversias sobre marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y registro de software (salvo la anulación de patentes concedidas), y preceptiva, una vez trabada la litis, en los trámites de registro de signos distintivos con solo oposiciones de terceros y en los de anulación, cancelación y reivindicación (arts. 142 a 145). Si no hay acuerdo, el trámite sigue su curso. La asistencia letrada es obligatoria.

Tributario

Se exoneran de IVA el depósito y reembolso de envases de bebidas de un solo uso en sistemas de devolución aprobados (art. 297) y se excluye de la renta bruta del IRAE el traslado de beneficios fiscales a miembros o socios de asociaciones y sociedades agrarias (art. 298).

El Estado como contraparte

La nueva Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales, que analizamos más adelante, podrá crear o adquirir sociedades, participar en consorcios y fideicomisos y actuar como fiduciaria, y sus bienes son inembargables (arts. 41 a 43). Se autoriza además el Fideicomiso Ferroviario, de administración y garantía, con fiduciario financiero profesional y vigente desde la promulgación (arts. 166 y 167). Ambos abren oportunidades para inversores, financistas y fiduciarios.

CONTENCIOSO

Tecnología y audiencias a distancia

El nuevo artículo 64 del CGP establece que deberá procurarse el uso de tecnologías de la información y la comunicación en los actos procesales y en todas las actividades del proceso, con respeto de los derechos fundamentales. La Suprema Corte de Justicia reglamentará su aplicación en cada caso.

El artículo 64-bis pasa a disponer que, cuando sea necesario para remover barreras de acceso a la justicia, se emplearán videoconferencias u otros medios técnicos similares para cualquier acto oral. El tribunal debe presidir la audiencia desde su despacho u otra dependencia judicial habilitada por la Corte, y garantizar una comunicación continua, multidireccional y simultánea entre todos los intervinientes. 

Segunda instancia en el proceso laboral

Se sustituye el inciso tercero del artículo 17 de la Ley N° 18.572. El régimen anterior obligaba al tribunal a fallar dentro de los treinta días del ingreso de los autos, con estudio simultáneo de siete días corridos y fecha de acuerdo fijada en 48 horas. El nuevo esquema pasa al estudio sucesivo: diez días por ministro (tanto para interlocutorias como para definitivas), sin más de tres días entre un pasaje y el siguiente salvo motivo fundado; acuerdo dentro de los cinco días de la última devolución, y sentencia dentro de los diez días del acuerdo. Si se alcanzan las mayorías, el tribunal puede dictar decisión anticipada sin celebrar acuerdo.

Contencioso anulatorio

Es el cambio de mayor impacto. El artículo 262 deroga el artículo 21 del Código de lo Contencioso Administrativo (Ley N° 20.333), que asignaba a los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio competencia en instancia única para las calificaciones de funcionarios, las sanciones de observación, apercibimiento o suspensión de hasta quince días, las clausuras, prohibiciones o suspensiones de actividades de hasta cinco días y los asuntos de cuantía no superior a 70 UR. Eliminada esa categoría, esos asuntos quedan comprendidos en la regla general de primera instancia (art. 20) y la sentencia del juzgado pasa a ser apelable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Los artículos 263 y 264 ajustan el Código a ese cambio. La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo será oída en último término solo antes de las sentencias que puedan poner fin a los procesos principales ante el TCA, en instancia única o en apelación; se suprime la referencia a su intervención ante los juzgados en instancia única, que perdió objeto. El recurso de revisión queda limitado a las sentencias de segunda instancia o de instancia única del TCA (antes procedía contra las definitivas o interlocutorias con fuerza de definitivas de única instancia, sin distinguir el órgano que las dictaba). La causal no cambia: elementos de juicio que puedan modificar el fallo y de los que el recurrente no pudo valerse durante el proceso. El artículo 265, por su parte, extiende a los jueces de lo contencioso anulatorio el régimen del artículo 664 de la Ley N° 18.719, sin efecto sobre el trámite.

NOTARIAL Y REAL ESTATE

Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales

Se crea la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales, persona de derecho público no estatal con autonomía técnica, administrativa y financiera, que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Entre sus cometidos están recibir, administrar, gestionar y disponer los inmuebles que el Estado le transfiera a cualquier título, actuar como administradora de proyectos de gestión, transferencia o disposición de inmuebles del Estado, y ejercer como administradora o fiduciaria de proyectos de desarrollo y mantenimiento de inmuebles con recursos públicos, préstamos o donaciones nacionales o internacionales.

Reinscripciones registrales: plazo máximo de veinte años

Se modifica el artículo 80 de la Ley de Registros Públicos (Ley N° 16.871) y se reduce de 30 a 20 años el plazo máximo de reinscripción de embargos, medidas cautelares y demás inscripciones que caducan a los cinco años (art. 79) y pueden reinscribirse por iguales períodos. El tope se computa desde la primera inscripción y no alcanza a las promesas de enajenación de inmuebles a plazos.

Para las inscripciones vigentes se prevé un régimen transitorio: (i) las que, por efecto de reinscripciones, ya superen los 20 años desde la primera inscripción caducarán a los cinco años de la entrada en vigor de la norma; (ii) las que no superen ese plazo, caduquen antes de esos cinco años y no puedan reinscribirse por la reducción, podrán reinscribirse por única vez y caducarán a los cinco años de la entrada en vigencia de la Ley; y (iii) las que caduquen antes de los cinco años y ya no admitían reinscripción por haber alcanzado los 30 años caducarán según el régimen anterior.

Negocios otorgados con poderes en documento privado

El artículo 291 de la Ley N° 18.362 impedía inscribir negocios en los que se invocaran poderes otorgados en documento privado con firmas certificadas hasta que se acreditara notarialmente su protocolización. La nueva redacción de su inciso 4° dispone que esos negocios no se inscribirán en forma definitiva hasta que se acredite el cumplimiento de dichas formalidades. Por tanto, el documento podrá ingresar al Registro, ser calificado e inscribirse en forma provisoria, y quedará inscripto en forma definitiva una vez acreditada la protocolización del poder.

Ambiental, INC y promoción de la actividad rural

Se incorpora como acto inscribible en la sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad la resolución del Ministerio de Ambiente que determine los padrones alcanzados por la declaración de humedal de importancia ambiental. La inscripción da publicidad a esas resoluciones frente a terceros y deberá considerarse en el estudio de títulos de las operaciones inmobiliarias.

Se autoriza al Instituto Nacional de Colonización (INC), a través de sus funcionarios Escribanos Públicos, a llevar registros notariales y a autorizar escrituras de propiedad, hipotecas y poderes vinculados a la actividad del organismo.

Se exoneran del impuesto a la renta (IRAE, IRPF o IRNR, según corresponda) las rentas derivadas del arrendamiento de inmuebles rurales, en la parte correspondiente a la superficie destinada a embalses o lagos artificiales de proyectos de riego multipredial (Ley N° 16.858). Además, se faculta a los Gobiernos Departamentales a exonerar del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural a productores rurales no familiares y a asociaciones de productores, respecto de inmuebles destinados a la producción agropecuaria.

Cooperativas de vivienda: crédito de IVA

Las cooperativas de vivienda tendrán un crédito por el IVA incluido en los costos directos de construcción, en proyectos de construcción o reciclaje exclusivamente para nuevas viviendas que se escrituren a partir del 1° de enero de 2027. El IVA alcanzado por ese crédito no integrará el costo de construcción considerado para la tasación y el financiamiento de las cooperativas.