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Fondo de Garantía de Créditos Laborales

12/10/2018

I.         OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

El Proyecto dispone la creación de un Fondo de Garantía administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y financiado por aportes patronales, que sería utilizado para satisfacer determinados créditos laborales en situaciones de insolvencia de empleadores.

En la justificación de motivos del documento, se indica que procura continuar avanzando en la protección del trabajo y solucionar la problemática de la insolvencia patronal y sus repercusiones en los créditos de los trabajadores, en el entendido que los mecanismos existentes previstos en Ley de Concursos (nº 18.387 de 23.X.08; en adelante: “LC”) son insuficientes e inadecuados para lograr la completa satisfacción de los créditos laborales.

II.        FINCANCIACIÓN DEL FONDO

El Fondo se financiaría con una contribución especial por parte de los empleadores de la actividad privada, de hasta un 0,025% sobre los rubros que constituyan materia gravada (el Poder Ejecutivo puede reducir el porcentaje referido o suspenderlo temporalmente), más lo percibido por el Fondo en el ejercicio de sus potestades de subrogación.

III.      TRABAJADORES BENEFICIADOS Y EXCLUÍDOS

Se propone como beneficiarios a los trabajadores de la actividad privada. En caso de fallecimiento trabajador, se considera beneficiario a sus causahabientes, cónyuge o concubino. En caso de concurrencia, le correspondería el 50% del total a percibir al cónyuge o concubino y el 50% restante se distribuiría por partes iguales entre los causahabientes.  

Se excluye del elenco de trabajadores beneficiarios a:

  1. los vinculados al empleador o a los miembros del órgano de dirección por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive;
  2. el personal de alta dirección (“directores, gerentes generales y todo aquél con facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad”); y
  3. los que hubieran constituido una cooperativa de trabajo designada por el juez del concurso como depositaria de los bienes de la empresa, con facultades de uso precario (LC, art. 174, num. 2).

IV.      TIPOS DE CRÉDITOS Y TOPES GARANTIZADOS

Los créditos laborales que serían garantizados por el Fondo, son:

  1. sueldos o jornales generados en los seis meses inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario abonado;
  2. licencias, salarios vacacionales y aguinaldos generados en los dos últimos años previos a la fecha prevista en el numeral anterior;
  3. indemnización por despido legal; y
  4. multa del 10% sobre los créditos mencionados.

No se garantizarían solicitudes de amparo de trabajadores que invocaren créditos prescriptos.

Se prevé un límite máximo garantizado: hasta un monto máximo de UI 105.000 (hoy equivale a $ 418.509 aprox.). Los trabajadores que hubieran cobrado créditos por el procedimiento del pronto pago (LC, art. 62) imputarán las sumas a ese límite.

V.        REQUISITOS PARA QUE EL FONDO PAGUE CRÉDITOS

Para que el BPS distribuya los montos respectivos, se requiere: 

  1. Insolvencia patronal: se considera configurada una “situación de insolvencia”, cuando el trabajador no hubiere visto satisfecho su crédito laboral ante:
  • La promoción de ejecución de sentencia firme en materia laboral.
  • La sustanciación de un proceso de ejecución colectiva y/o de la LC.
  1. Verificación de los créditos: se considera verificado los créditos laborales:
  • Dentro del procedimiento concursal (artículos 93 a 107 de la LC).
  • En un proceso laboral de conocimiento ante la judicatura competente.

Ante esos supuestos, el BPS se subrogará en los derechos y acciones de los trabajadores por las cantidades nominales abonadas, más sus acrecidas, con cargo al Fondo.

VI.      PRESUNCIÓN DE FRAUDE. REGLAMENTACIÓN.

Se prevé que el BPS remitiría a la Fiscalía las actuaciones de las que resulte una presunción de fraude, y que el Poder Ejecutivo reglamentaría el Proyecto al término de los 90 días desde su promulgación.

VII.     PERSPECTIVAS. EVENTUAL VIGENCIA

El Proyecto será tratado por la Cámara de Senadores en los próximos días. En caso de ser aprobado, entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación y garantizará a todos los créditos que se devenguen a partir de los 180 días de dicha fecha.

Matías Pérez del Castillo - Juan Diego Menghi*

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